La expresidenta de la Administradora Boliviana de Carretera (ABC) Noemí Villegas, decidió asumir sdefensa  ante las acusaciones de presunta corrupción, formuladas por Marcos Loayza -expresidente de la misma entidad - mientras el Consorcio Integración conformado por la peruana Acruta & Tapia S.A.C y  la boliviana Inpola Consultores SRL  rechazaron las sindicaciones contra de su representante legal Luis Alberto Aguilar Galzín.

“Ella va a sumir su defensa en la medida de sus derechos y para cuidar su reputación como mujer y madre de familia”, declaró escuetamente a Erbol el abogado defensor Octavio Morales, horas después de conocerse la imputación formal de la Fiscalía Departamental por negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones.

Entre tanto, el Consorcio Integración a través de una solicitada, desconoce los motivos por los que Marcos Loayza, expresidente de ABC, promueve la “falsedad”,  que incluso había sido desestimada en el proceso de investigación de la Fiscalía.

Recuerda que fue evidente que desde el  inicio de su gestión, Loayza ha buscado de manera sistemática y sin ninguna razón, afectar el trabajo contratado.

Aseguran que la Supervisión Técnica y Ambiental de las carreteras Yucumo-San Borja y Puente Taperas-la Palizada, así como el control de monitoreo de la carretera Rurrenabaque-Riberalta,  fueron adjudicados a través de un proceso de licitación internacional realizado en el marco de la legislación y transparencia.

El Consorcio anuncia que asumirá todas las acciones legales para demostrar la falsedad de estas acusaciones y advierte que se reserva el derecho de iniciar los procesos que correspondan ante la intención  de dañar la reputación y el nombre del consorcio. 

Las empresas Acruta & Tapia expresan su respaldo  a Luis Alberto Aguilar Galzín, imputado  por la Fiscalía por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa.

La fiscalía  lo acusa de ser tío político del entonces Gerente Nacional Técnico, Erick de las Heras, quien a través de la Subgerencia Socio Ambiental, impulsó el proceso de licitación y adjudicación a las empresas cuestionadas por una denuncia que surgió de la misma entidad que las contrató.